El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes por la noche la controvertida Protect College Sports Act (PCSA), una ley que busca regular el deporte universitario con foco especial en el fútbol americano. Si la Cámara de Representantes retoma su actividad y vota el proyecto, pasará a la Casa Blanca para que el presidente Donald Trump lo firme y lo convierta en ley.
La norma fue presentada ante la opinión pública como una herramienta para codificar el deporte universitario, nivelar la competencia y frenar el “gasto descontrolado” que modificó el panorama del atletismo colegial. Sin embargo, una lectura completa del texto aprobado el 28 de septiembre revela que buena parte de su motivación está menos ligada a los ideales de juego limpio y más a un retroceso hacia un modelo donde el éxito deportivo dependa de cuántas reglas esté dispuesta a romper cada institución.
Los puntos a favor de la ley
La PCSA incluye protecciones concretas para los atletas. Obliga a que cualquier persona que se presente como agente deportivo se registre ante el gobierno federal, cumpla con los reglamentos de la Intercollegiate Athletic y apruebe controles de cumplimiento. Además, limita las comisiones de los agentes de atletas universitarios al 5% de los ingresos del deportista, un porcentaje en línea con lo que cobran los representantes de la NFL y la NBA.
En materia académica, las instituciones ya no podrán cancelar ni modificar una beca por rendimiento deportivo, capacidad de juego o enfermedades físicas o mentales. Solo se podrá dar de baja un acuerdo si el atleta se transfiere a otra universidad o viola el código de conducta de la institución.
La ley también codifica la responsabilidad de las universidades de cubrir todos los gastos médicos de bolsillo de los estudiantes-atletas, con una cobertura que se extiende hasta cinco años después de la graduación para cualquier costo derivado de la práctica deportiva. Suma, además, obligaciones específicas sobre conmociones cerebrales, enfermedades vinculadas al calor y manejo del rasgo de células falciformes.
Otro punto destacado: las instituciones deberán destinar parte del dinero de los derechos de medios de los deportes de altos ingresos para sostener programas femeninos y deportes olímpicos que no generan ganancias.
Los límites que generan rechazo
La norma impone topes duros al gasto de los programas, con un aumento general del límite a 27,5 millones de dólares. Pero las universidades violarán la ley federal si canalizan dinero a los atletas a través de boosters o acuerdos de patrocinio organizados. En los hechos, los atletas universitarios ganarán menos dinero, al menos en los papeles.
Esa restricción abre la puerta al regreso del “bag man”, el intermediario que reparte dinero por fuera de los registros. Habrá menos transparencia sobre cuánto ganan los atletas y cómo lo ganan, y la “cancha nivelada” dependerá más de hasta dónde esté dispuesta a romper las reglas cada escuela.
La ley también limita a 19 miembros el tamaño de todas las conferencias, en una sección que bien podría llamarse “Ley de Protección de la SEC y la ACC”. Esto frena de hecho al Big Ten, que hoy tiene 18 integrantes, para sumar más escuelas, muchas de las cuales se rumoreaba que provendrían de la ACC. La consecuencia directa es menos competencia para la SEC en el reclutamiento del sudeste, de donde sale una cantidad desproporcionada de jugadores de fútbol americano.
Los elementos más cuestionados
El proyecto se mantiene neutral sobre si los estudiantes-atletas son considerados “empleados” de sus instituciones. Esa ambigüedad está diseñada para poner obstáculos a los intentos de sindicalización, convirtiendo a cada universidad en un campo de batalla individual por el reconocimiento y la organización gremial, en lugar de permitir un bloque amplio de atletas de distintas escuelas.
También limita la libertad de movimiento: los estudiantes-atletas solo podrán hacer una transferencia “gratuita” entre instituciones de cuatro años. A partir de la segunda, comenzarán a perder elegibilidad. Aunque existen excepciones, los atletas quedarán más sujetos a las decisiones de los rosters y con menos autodeterminación sobre su futuro.
La ley apunta contra los atletas, no contra los entrenadores ni los administradores. Mientras los ingresos por NIL de los deportistas se recortan, no hay ninguna cláusula que limite lo que ganan coaches, directivos o personal de apoyo. Los argumentos al respecto señalan que esto saca dinero directamente de los bolsillos de los atletas, desproporcionadamente afroamericanos, y permite que sigan subiendo los costos de entrenadores y administradores, desproporcionadamente blancos.
La PCSA también otorga a la NCAA protecciones antimonopolio que harán extremadamente difícil presentar demandas en su contra por irregularidades, dándole facultades extraordinarias para operar como considere conveniente.
El lobby de los derechos de televisión
Los titulares de derechos de medios presionaron con fuerza a favor de esta ley, al punto de llevar a Ted Cruz a College GameDay. La reducción del dinero garantizado para los atletas y el tope duro a sus compensaciones implican menos poder de negociación para las conferencias a la hora de exigir más dinero en las negociaciones de derechos, bajo el argumento del “costo del negocio”.
El objetivo de fondo es dar estabilidad financiera al deporte universitario, algo que los titulares de derechos pueden capitalizar. Buena parte de la movida estuvo motivada por el interés de ESPN en mantener alto el valor de sus derechos de la SEC, presionando para frenar al Big Ten.
